martes, 20 de abril de 2010

Tema político Business Track

Preámbulo

Es muy conocido el espionaje telefónico realizado y comercializado por Business Track (BTR), el cual ha llegado a un punto en el que se ha convertido en una escandalosa frustración judicial y en un modelo de parálisis del propio estado.
En la actualidad parece alcanzar la categoría de un delito agravado de violación del secreto de las comunicaciones, que preocupa más a la ciudadanía por ser un caso de corrupción,
en donde se resalta la impunidad que atenúa la falta de violación del secreto de las comunicaciones, reduciéndolo como un signo pasajero de malestar público y como pronosticando que el Perú podría llegar a convertirse en el paraíso del delito al demostrarse que se ofertaría como un servicio con total impunidad para las empresas que lo requieran, afectando tanto a los altos dirigentes del Partido Gubernamental, al Poder Judicial, a la Fiscalía de la Nación y a la propia Policía Nacional, lo cual indica que se pierde la confianza de las autoridades.
Es fácil comprender que con este caso de la BTR se obtendría beneficios políticos y se malograría la imagen del gobierno, por lo que aparentemente la oposición estaría logrando sus objetivos y las autoridades correspondientes deberán agotar todas sus actividades para tratar de evitarlo con todas sus armas y con el mayor tino posible.




Desarrollo

Este problema se generó desde enero del año pasado en que Business Track (BTR) se dedicaba en forma ilegal a la interceptación de las llamadas telefónicas y de correos electrónicos por lo que esa compañía quedó en vías de investigación, lo cual hasta la fecha no se ha podido culminar por lo que inclusive a la relacionista pública Giselle Giannotti le incautaron cuatro USB, de los cuales se menciona que el poder judicial cuenta con dos y los otros dos aparentemente fueron borrados por la policía.
Como resultado de todo esto la citada señorita estuvo a disposición de la jueza María Martínez para su declaración instructiva, en donde en las últimas manifestaciones inculpa al ex Premier y actual congresista del APRA Jorge del Castillo e inclusive al congresista fujimorista Carlos Raffo, tomando gran notoriedad en este caso.
Debido a la extremada lentitud para el estudio de ello, el diario “El Comercio” opina que en este juicio ha habido mucha impunidad que relativiza el sentido de violación del secreto de las comunicaciones y lo reduce a algo sin mayor trascendencia, creyendo conveniente que siendo un hecho tan importante que trasciende a nivel nacional debería concedérsele como un caso muy delicado que se debe investigar hasta las ultimas consecuencias, sin importar a que congresistas afecte y demostrar ante el público que toda la labor que se realiza es transparente.



Conclusión

Debido a que en este proceso judicial ocurren cosas irregulares en que se pierden y se borran evidencias y en donde se entrelazan tantos intereses y presiones, tratando de enturbiarla y evitar llegar a la verdad sin importar las consecuencias, la decisión de formar una comisión de congresistas para el estudio y esclarecimiento de este hecho fue lo más indicado para demostrar la transparencia y libertad absoluta que existe en la actualidad, con lo cual el gobierno tendría la mejor imagen posible.

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